Friday, June 09, 2006

Supremacía de la Constitución y de los Tratados


El Principio Fundamental 1 (PF1) del Código Procesal Penal de la República Dominicana (CPP) es el de la Primacía de la Constitución y los tratados, expresado en los siguientes términos: "Los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por éstos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley.

La inobservancia de una norma de garantía judicial establecida en favor del imputado no puede ser invocada en su perjuicio.""Los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por éstos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley.


La inobservancia de una norma de garantía judicial establecida en favor del imputado no puede ser invocada en su perjuicio."Si se toma en cuenta, como señala prácticamente toda la doctrina, que el proceso penal es derecho constitucional aplicado, hasta el punto de que es considerado como el sismógrafo de la Constitución, no podía ser otro el PF1. Como ocurre con los demás Principios Fundamentales contenidos en el CPP, el PF1 encuentra su fuente en la Constitución de la República Dominicana (CRD) y en los pactos internacionales debidamente ratificados por los poderes públicos, de modo que forma parte del derecho positivo dominicano, con rango constitucional, desde antes de la promulgación del nuevo CPP.


Sin embargo, un fenómeno que no es exclusivo de nuestra nación, pero que ha sido suficientemente explicado entre nosotros por juristas como Pellerano Gómez, Jorge Prats, Olivares Grullón y Cruceta Almánzar, cual es el del divorcio entre la Constitución y la Ley, atribuido a la concepción legalista francesa para la cual las fuentes del derecho se agotaban en la ley de la Asamblea, asociada a una falta de confianza en los jueces y a una concepción de la Constitución, no como norma, sino como ornamento, ha llevado a que en nuestro país se haya ignorado por regla general el carácter vinculante de las normas constitucionales, de modo que si bien es cierto que hemos tenido en la Constitución normas que organizan el proceso penal desde la fundación de la República, en la realidad operativa del sistema a las disposiciones legales del antiguo Código de Procedimiento Criminal se les ha reconocido primacía sobre las disposiciones constitucionales, a pesar de que muchas de sus reglas contrarían abiertamente las normas constitucionales.Sin embargo, un fenómeno que no es exclusivo de nuestra nación, pero que ha sido suficientemente explicado entre nosotros por juristas como Pellerano Gómez, Jorge Prats, Olivares Grullón y Cruceta Almánzar, cual es el del divorcio entre la Constitución y la Ley, atribuido a la concepción legalista francesa para la cual las fuentes del derecho se agotaban en la ley de la Asamblea, asociada a una falta de confianza en los jueces y a una concepción de la Constitución, no como norma, sino como ornamento, ha llevado a que en nuestro país se haya ignorado por regla general el carácter vinculante de las normas constitucionales, de modo que si bien es cierto que hemos tenido en la Constitución normas que organizan el proceso penal desde la fundación de la República, en la realidad operativa del sistema a las disposiciones legales del antiguo Código de Procedimiento Criminal se les ha reconocido primacía sobre las disposiciones constitucionales, a pesar de que muchas de sus reglas contrarían abiertamente las normas constitucionales.La disposición del Artículo 46 CRD, conforme al cual toda disposición contraria a la Constitución es nula, se ve así reforzada por el PF1, que viene a dejar bien claro, ya en el CPP, el alcance de la supremacía de la Constitución y de los Tratados.
La norma contenida en el PF1 reafirma la constitucionalización del proceso, fenómeno que es el resultado de asumir la primacía de la Constitución en la jerarquía de las fuentes. En efecto, si partimos de que la constitución es la ley de leyes, y la nuestra como la mayoría de las constituciones modernas contiene una parte dogmática dedicada a los derechos fundamentales y sus respectivas garantías procesales, se impone admitir que cualquier otra disposición contraria contenida en el código procesal o en otra ley debe ceder frente a la aplicación del texto constitucional. La Suprema Corte de Justicia se ha encargado de destacar esta supremacía, cuando en su trascendental Resolución No. 1920-2003, de fecha 13 de noviembre de 2003, dispone: "los jueces están obligados a aplicar las disposiciones contenidas en el bloque de constitucionalidad como fuente primaria de sus decisiones, realizando, aún de oficio, la determinación de la validez constitucional de los actos y de las reglas sometidas a su consideración y decisión, a fin de asegurar la supremacía de los principios y normas que conforman el debido proceso de ley".La norma contenida en el PF1 reafirma la constitucionalización del proceso, fenómeno que es el resultado de asumir la primacía de la Constitución en la jerarquía de las fuentes. En efecto, si partimos de que la constitución es la ley de leyes, y la nuestra como la mayoría de las constituciones modernas contiene una parte dogmática dedicada a los derechos fundamentales y sus respectivas garantías procesales, se impone admitir que cualquier otra disposición contraria contenida en el código procesal o en otra ley debe ceder frente a la aplicación del texto constitucional. La Suprema Corte de Justicia se ha encargado de destacar esta supremacía, cuando en su trascendental Resolución No. 1920-2003, de fecha 13 de noviembre de 2003, dispone: "los jueces están obligados a aplicar las disposiciones contenidas en el bloque de constitucionalidad como fuente primaria de sus decisiones, realizando, aún de oficio, la determinación de la validez constitucional de los actos y de las reglas sometidas a su consideración y decisión, a fin de asegurar la supremacía de los principios y normas que conforman el debido proceso de ley".Al emplear la expresión "aplicación directa e inmediata", el legislador viene a contrarrestar un criterio que no por erróneo deja de estar altamente presente en el razonamiento jurídico nacional, según el cual las normas y principios constitucionales para tener efectiva vigencia necesitan de una ley habilitante. Este criterio debe ser superado porque sostenerlo equivaldría a negarle fuerza vinculante a la Constitución, asignándole una supremacía hueca, que se lleva de encuentro la autoejecución que caracteriza a las normas constitucionales. El PF1 reconoce la aplicación directa no sólo de la Constitución, sino además de las convenciones y tratados internacionales adoptados por los poderes públicos y sus interpretaciones por los órganos respectivos. No debemos olvidar que el último párrafo del artículo 3 de la Constitución, en su parte in-limine, reza: "La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida que sus poderes públicos las hayan adoptado..." Entre los instrumentos internacionales más importantes, se destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Con el PF1 quedamos definitivamente incorporados a la comunidad jurídica internacional, de modo particular al sistema interamericano, máxime si tomamos en cuenta que República Dominicana ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace relativamente pocos años, en 1999. En la misma línea establecida por el PF1, la Suprema Corte de Justicia, en la indicada Resolución No. 1920-2003, dejó sentado en uno de sus atendidos, lo siguiente: "la República Dominicana, tiene (un) sistema constitucional integrado por disposiciones de igual jerarquía que emanan de dos fuentes normativas esenciales: a) la nacional, formada por la Constitución y la jurisprudencia constitucional local tanto la dictada, mediante el control difuso como por el concentrado, y b) la internacional, compuesta por los pactos y convenciones internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; fuentes normativas que en su conjunto, conforme a la mejor doctrina, integran lo que se ha denominado, el bloque de constitucionalidad, al cual está sujeta la validez formal y material de toda legislación adjetiva o secundaria".


Cabe destacar, por otra parte, que el PF1 no toma partido en la discusión doctrinal acerca de si los tratados están o no por encima de la Constitución, pero sí lo hace a favor de la primacía de estos sobre las leyes. La Resolución de la Suprema Corte de Justicia, por lo menos en lo que tiene que ver con los derechos y garantías contenidos en el denominado bloque de constitucionalidad, les asigna igual jerarquía.Cabe destacar, por otra parte, que el PF1 no toma partido en la discusión doctrinal acerca de si los tratados están o no por encima de la Constitución, pero sí lo hace a favor de la primacía de estos sobre las leyes. La Resolución de la Suprema Corte de Justicia, por lo menos en lo que tiene que ver con los derechos y garantías contenidos en el denominado bloque de constitucionalidad, les asigna igual jerarquía.


Los Principios Fundamentales que recoge el CPP son las normas que inspiran y determinan el contenido del resto de su articulado, al tiempo que orientan su interpretación. Son los principios políticos reguladores del Poder Penal del Estado. En el caso del PF1, el mensaje del legislador es claro: ninguna actuación, ningún trámite, ningún procedimiento escapa a la lectura constitucional.